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La Contraloría General de la República refutó la aseveración del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martin Caicedo, según la cual las adiciones irregulares por $1.5 billones que ha detectado la Contraloría en las concesiones viales del país fueron autorizadas por los funcionarios respectivos.
La Contraloría advirtió que es irrelevante que esas adiciones hayan sido autorizadas o socializadas, pues lo definitivo son los impactos contrarios a los intereses del Estado ya que representaron ganancias adicionales para los concesionarios que, la mayoría de las veces, no contaban con soporte contractual.
Según el organismo, la auditoria a Concesiones Viales evidencia diferentes aspectos relevantes frente a los detrimentos patrimoniales.
La Contraloría reitera que es evidente que la contratación no respetó las normas legales.