Viernes, 11 de Mayo de 2012 09:12

Informe especial: Víctimas de Bojayá, Machuca y El Salado denuncian abandono

Sin agua potable, electricidad, hospitales y colegios dignos, las víctimas de las masacres de Machuca, Antioquia (1998), El Salado (2000) y Bojayá (2002), consideradas las más sangrientas de la historia reciente colombiana,  deben superar la pérdida de sus seres queridos.

Son pocas las promesas que las autoridades han cumplido a los sobrevivientes de los ataques de las guerrillas de las Farc y el Eln, así como de los paramilitares.

Machuca, corregimiento de Segovia, salió del anonimato, luego que hombres del grupo 'Cimarrones' del frente 'José Antonio Galán' del Eln, detonaron una carga explosiva en el oleoducto cercano a la población, provocando un incendio que causó la muerte de 89 personas y quemaduras de gravedad a 30 más.

En el grupo de sobrevivientes a la tragedia del 18 de octubre de 1998, está María Cecilia Mosquera, quien además de perder a su esposo y tres hijos, sufrió heridas en brazos, piernas y rostro.

14 años después continúa pidiendo a las autoridades ayuda para su comunidad, la cual no cuenta con acueducto ni alcantarillado. Además denuncia que no hay médicos en el puesto de salud de la población y que en el único colegio, los niños reciben clases en el suelo.

En Bojayá, la situación no es diferente. En el municipio chocoano, hay electricidad entre las cinco de la tarde y las 11 de la noche, el servicio de agua es intermitente y sólo hay un puesto de salud para atender a 11 mil habitantes.

Macaria Allín, fue una de las personas que el 2 de mayo de 2002 acudió a la iglesia del pueblo para evitar ser víctima de los combates entre las Farc y los paramilitares. Al lado de su hija, sufrió graves heridas cuando una pipeta de gas lanzada por la guerrilla impactó el templo, causando la muerte de 119 pobladores.

Un día después de la masacre, la mujer fue encontrada con vida entre los restos de las víctimas del ataque. Después de una década, Macaria denuncia el abandono de las autoridades.

Entre tanto los sobrevivientes de la masacre de El Salado, Bolívar, perpetrada por paramilitares, entre el 16 y 19 de febrero de 2000, siguen clamando por vías, servicios públicos y fuentes de empleo.

La respuesta del Gobierno

La recién creada Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, reconoce que las poblaciones afectadas por las incursiones de los grupos ilegales no han sido objeto de procesos de indemnización integrales.

Sin embargo, Iris Marín, directora de Reparación de la entidad, asegura que la puesta en marcha de la Ley de Víctimas permitirá atender las necesidades de por lo menos cuatro mil comunidades, afectadas por la violencia.

La meta es reparar a los afectados en los próximos 10 años.
 

1. Foto: Cortesía Semana

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